Capítulo 3: Juicio al coloso
Thai caminaba por los pasillos del Ministerio del Tesoro como si los conociera de memoria. En sus manos sostenía una carpeta rotulada con sello rojo: informes financieros, actas hipotecarias, contratos de ejecución, y un registro encadenado de vínculos entre CCTS, BARO y KABSA. Esa mañana, junto con otros ministros del gabinete, había tomado la decisión de llevar a juicio al Banco Agrario de Repúblicas del Oeste (BARO) y al todopoderoso Banco de Ba Sing Se (BBSS).
El informe de Lin Beifong fue clave: desplazamientos forzados, incremento de delitos menores relacionados con la miseria rural, y una red financiera que comenzaba a expandirse como una mancha de tinta sobre el mapa republicano. Con apoyo del fiscal general Jom Tek, y la presión silenciosa del presidente Raiko, se formalizó la acusación: prácticas abusivas y daño estructural a la seguridad social.
Las luces del Palacio de Justicia de Ciudad República ardían más temprano de lo habitual. Desde la noche anterior, reporteros, fotógrafos y columnistas hacían fila frente al edificio esperando cubrir la noticia más esperada del año. Las pancartas se mezclaban con cámaras flotantes y transmisiones en directo. Algunos protestaban por la concentración financiera; otros defendían al BBSS como pilar del desarrollo agrícola.
El juicio no fue un espectáculo de un solo día. Se extendió durante semanas. Las sesiones eran transmitidas en directo, seguidas por millones en todo el continente. Día tras día desfilaban testigos: campesinos desplazados, abogados financieros, técnicos de agricultura, economistas independientes y académicos de la Universidad de Ciudad República.
El fiscal Jom Tek abría cada audiencia con precisión quirúrgica. Presentaba casos con nombres, fechas, ubicaciones. Propiedades embargadas en tiempo récord, cláusulas diseñadas para fallar, contratos redactados en lenguaje incomprensible para el ciudadano promedio. Expuso la situación de un distrito rural donde el 72% de los lotes fueron adquiridos por intermediarios ligados a KABSA tras una temporada de sequía extrema. Señaló cómo el mismo patrón se repetía en otros municipios.
Thai y Lin asistían a cada jornada con creciente incomodidad. Porque el BBSS respondía con igual disciplina. Mostraban cifras detalladas de recuperación económica. Llevaban a testigos beneficiados por el sistema: propietarios de cooperativas, jóvenes emprendedores, agricultores que habían salvado sus tierras con reestructuraciones financiadas por KABSA y tecnología de Omashu.
—El 40% de las propiedades adquiridas por fondos externos —explicó el abogado principal del BBSS, Yung Dass— corresponden a activos improductivos, abandonados o en litigio. Nuestros clientes no solo respetaron la ley: la mejoraron.
Otros testigos afirmaban que, de no ser por la intervención del BBSS, cientos de familias habrían perdido toda posibilidad de reconstrucción. Se presentaron documentos técnicos sobre productividad agrícola, gráficos de repunte comercial, y testimonios de alcaldes rurales agradecidos por la llegada de inversión externa.
La defensa se amparaba en la letra fría del contrato. Y su estrategia era doble: mostraban progreso mientras desarmaban las acusaciones con tecnicismos. Para muchos ciudadanos, la narrativa era convincente. Las portadas de los periódicos oscilaban entre el escepticismo y la admiración: “¿Justicia o persecución?”, “El juicio del siglo: ¿a quién sirve la ley?”, “El campo se divide”.
Cuando finalmente se dictó el fallo, fue un golpe para el gabinete: BBSS y BARO fueron absueltos de toda responsabilidad directa. No se probó dolo, ni manipulación sistemática. La justicia reconoció “irregularidades preocupantes”, pero ninguna fuera del marco legal vigente. El lenguaje del veredicto era tan técnico como tibio.
Raiko guardó silencio. Lin mascó rabia. Thai, en cambio, no se inmutó. Porque lo que ocurrió después fue aún más revelador.
Pocos días tras el fallo, BARO anunció un nuevo paquete de reestructuración hipotecaria en cooperación con el gobierno central y los gobiernos locales de Garsai y Hadai. Los contratos de embargo se harían más flexibles, y el gobierno asumiría parte de las pérdidas como subsidio a la recuperación rural.
Pero había una cláusula oculta: para financiar estos proyectos, los gobiernos locales aceptaban como único contratista a CCTS y como proveedor exclusivo de maquinaria e insumos a KABSA. Era una alianza pública-privada disfrazada de rescate social. Y en la letra pequeña, el BBSS consolidaba aún más su control. Además, varios de los nuevos préstamos ofrecidos a los agricultores estaban condicionados a la firma de compromisos de comercialización exclusiva con empresas asociadas a CCTS.
Thai subrayó con tinta negra el documento oficial. Lin lo recibió esa misma tarde. Ambas sabían lo que esto significaba. No era un retroceso judicial, sino una consolidación política. En el tablero del poder, el BBSS no había sido juzgado: había sido legitimado.
Una semana más tarde, en una sesión privada del gabinete económico, Thai advirtió que las nuevas alianzas podrían consolidar una “arquitectura paralela” del desarrollo, donde el Estado se convertía en un mero intermediario ceremonial. Algunos ministros la escucharon. Otros, más cautos, recordaron que Ciro había prometido aumentar las inversiones en infraestructura si se resolvía el juicio sin sanciones mayores.
En el Congreso, el Partido Igualitario solicitó una moción de control. Pero la mayoría de senadores del sur votó en contra. Los beneficios prometidos por BBSS en esos territorios hablaban más fuerte que los titulares de los periódicos.
El propio presidente Raiko recibió, días después, a un grupo de empresarios rurales que agradecieron la “resiliencia institucional” y pidieron “no obstaculizar el progreso financiero del Reino Tierra”.
Thai y Lin, frustradas pero no derrotadas, se reunieron por la noche en la oficina de la jefa de policía. Revisaron todo de nuevo. Las declaraciones. Las fórmulas hipotecarias. Las actas del juicio. Y entonces Thai notó algo en los anexos bancarios: una serie de códigos de transferencia repetidos. Pequeños, casi imperceptibles. Todos con la misma procedencia: una oficina secundaria en Kyoshi, con respaldo administrativo desde Omashu.
—La ventana ocho —susurró Thai.
Lin la miró en silencio.
—Vamos a Kyoshi —dijo Thai, cerrando el informe.
—Y después a Omashu —añadió Lin, tomando su chaqueta con determinación.
Ciro no había comparecido ni una sola vez en el juicio. No necesitó hacerlo. Había ganado desde el principio.
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